Fiscal Integration in the European Union

Jean Monnet Chair

Universitat Abat Oliba CEU

Tag: Fondo Next Generation EU

«Hay que contemplar todas las energías disponibles hoy para la reducción de emisiones» | Crónica del Diálogo con Marcelino Oreja

El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, considera que en la cuestión de la reducción de emisiones y la descarbonización es necesario aplicar “medidas restrictivas” con carácter “urgente”. Actualmente, estas medidas “pasan necesariamente por el gas natural”.

“No se pueden dejar pasar quince años hasta que haya nuevas tecnologías”, ha observado durante su intervención en la sesión ‘Principales retos energéticos en Europa’, organizada por el Club Tocqueville y la Cátedra Jean Monnet sobre Integración Fiscal en la UE de la Universitat Abat Oliba CEU.

Hay que desarrollar algunas restricciones, por ejemplo en el caso de los barcos. “A día de hoy el gas natural es la única alternativa sostenible que permite reducir emisiones y mejorar la calidad del aire de los entornos portuarios”, ha señalado.

Esto último le ha conducido a hablar del caso de Barcelona, ciudad en la que “hay muchas medidas para el fomento del vehículo eléctrico” y en la que “sería bueno impulsar más medidas para reducir emisiones en el puerto”.

Oreja vaticina que el gas estará presente durante largo tiempo en nuestro mix energético. Por un lado, “cumple un papel fundamental” para garantizar la seguridad del suministro. Por otro, su papel es indiscutible en la descarbonización, ya que hay sectores que actualmente son contaminantes y que no son electrificables. Se ha referido a gran parte de la industria, al transporte pesado, a parte del ferrocarril y al transporte marítimo. Una enumeración que le ha llevado a recordar que descarbonizar “no equivale necesariamente a electrificar”.

En el tránsito a la eliminación de la huella de carbono, considera importante encontrar el equilibrio entre el principio de que “pague más quien más contamina” con la no penalización de las personas con menos recursos.

También ha tenido ocasión de referirse al impacto en el sector de los fondos del Next Generation UE. “El 37% de los fondos está asignado a la transición ecológica. Si invertimos bien este dinero deberíamos, además de transformar el modelo, aprovechar para reindustrializar el país”.

A su juicio, apostar por la vía del hidrógeno y el biometano como combustibles también puede abrir oportunidades a la industrialización, la inversión en nuevas tecnologías y la reactivación de zonas despobladas y las afectadas por la transición ecológica.

Reactivar la responsabilidad

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Es frecuente oír hablar de los fondos del Plan Next Generation EU como uno de los principales motores de la reactivación económica de la UE tras la pandemia, especialmente en España. Se trata de unos fondos extraordinarios fruto de un acuerdo histórico que ha propiciado ampliar el presupuesto de la Comisión hasta valores cercanos al 2% del PIB europeo y, por primera vez, emitir deuda común. Pero ¿nos van a permitir salir de la crisis económica derivada de la Covid-19? La respuesta es no, o como mínimo no del todo.

La responsabilidad de reactivar la economía es de los propios estados, que son los que disponen de los instrumentos de política fiscal –impuestos, gasto público y transferencias- para incidir en la actividad económica, cuya medida más estandarizada es la tasa de crecimiento del PIB. Lo recuerda tanto la Comisión, cada vez que se le brinda la oportunidad, como el BCE, que insiste a los estados en que gasten todo lo necesario, que Frankfurt siempre estará ahí para ayudarles a financiarse con una política monetaria expansiva cuya duración parece no tener fin. El éxito o no en la recuperación tras la crisis de cada estado dependerá casi en exclusiva de su política económica y su estructura productiva, no de los fondos Next Generation EU, que por otro lado tardaremos en recibir.

El Plan Next Generation EU no busca una recuperación de la economía para situarla en los valores previos a la pandemia, sino la transformación de esas economías. Los principales ejes de actuación serán la investigación y el desarrollo, la transformación digital, la lucha contra el cambio climático o la modernización de políticas tradicionales. Este enfoque dista mucho del Plan E con el que se trató de afrontar en España la crisis financiera de 2008, cuando el único objetivo era gastar, sin importar mucho en qué. Con el Plan propuesto por la Comisión se obliga a los estados a presentar proyectos concretos de transformación económica –ya no valen grandes infraestructuras, polideportivos o carreteras-, y aquí nuestro país deja mucho que desear, más después de haberse conocido que durante los últimos 10 años únicamente se ha aprovechado, por falta de proyectos, poco más del 30% de fondos estructurales a los que se tenía derecho.

Mientras que las previsiones de la primera llegada de los fondos Next Generation EU –un 10% de los 140.000 millones potencialmente disponibles para España- está prevista para este verano, más de un año después del acuerdo para la creación del Plan, el BCE está actuando de forma ágil y contundente para facilitar liquidez a los estados. En la última reunión del consejo de gobierno del BCE se amplió en 500.000 millones de euros más su programa de compra de activos, alcanzando los 1,85 billones de euros, con un compromiso de mantener los estímulos el tiempo que fuera necesario. Esta política monetaria está permitiendo que los estados se financien a tipos muy bajos (incluso negativos), beneficiando a países que de lo contrario serían penalizados por los mercados, como España, Italia o Francia. El lado oscuro de este programa de compras es el aumento del balance del BCE hasta los 7 billones de euros, el 62% del PIB de la eurozona, así como la generación de incentivos perversos a la hora de endeudarse.

En el caso de España el problema no es la capacidad para endeudarse, que es buena, sino para qué se endeuda. La ratio deuda pública sobre PIB, la más utilizada a la hora de comparar, arroja un valor cuantitativo, mientras el diferencial entre las previsiones de recuperación económica de los diferentes países de la UE se debe a elementos cualitativos. No importa tanto endeudarse sino para qué: si la deuda es para modernizar la economía, generar más y mejores puestos de trabajo o impulsar la transformación de la estructura productiva, se podría considerar una inversión. Mientras que si la deuda se utiliza para pagar sueldos públicos, ERTEs o subsidios, este endeudamiento se enquistaría. Las dos opciones implican un igual desembolso de fondos públicos, pero no son lo mismo.

En resumen, los fondos Next Generation EU pueden ayudar, aunque lleguen tarde, pero no serán “el motor” de la reactivación económica, como se pretende hacer ver desde muchas instituciones. El BCE está ayudando a contener el impacto económico de forma rápida y ágil, como la situación lo requiere, convirtiéndose en verdadero héroe de esta recesión. En el caso de España, como en el resto de estados miembros, la capacidad de salir de la crisis dependerá de su política económica, no tanto del papel de los fondos europeos, que por su lado buscan una transformación de la economía, no volver a reconstruir lo que había antes. Esta crisis puede que sea la última que afronte la eurozona sin avanzar en su integración fiscal. Una vez más, veremos a EEUU, con una política fiscal y monetaria coordinada, salir antes de la crisis que el conjunto de la eurozona.

Albert Guivernau es Profesor de Economía de la Universitat Abat Oliba CEU y miembro de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea (EUFIS).

El fondo de reconstrucción, la última oportunidad para España

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Recientemente el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado la actualización de sus previsiones en relación a la evolución del PIB de los diferentes países de la eurozona en 2020. Para España, cuyo PIB en 2019 creció un 2%, estima una caída del 10,9%; para Francia, que venía de un +1,5%, una caída del 10,6%; y para Italia, que acabó el año con un tímido crecimiento del +0,3%, un retroceso del 11,2%. Las tres economías se sitúan por debajo de la media de la eurozona, cuya caída se fija en el 8,7% del PIB.

El crecimiento del PIB es un indicador que refleja la actividad económica que generan los agentes –familias, empresas y gobiernos– de forma agregada a lo largo de un año y nos permite compararnos en primer lugar con nuestra situación económica de años anteriores, y también con otros países de nuestro entorno. Fundamentalmente, las familias consumen y ofrecen trabajo por el que reciben un salario; las empresas invierten, ofrecen bienes y servicios, y pagan un salario a los trabajadores; y los gobiernos gestionan el presupuesto público, tanto por el lado de los ingresos –principalmente impuestos– como por el de los gastos. Esta caída del PIB prevista por el BCE se explica por diversos motivos, los más destacables son la caída del empleo, la reducción del consumo de familias y el frenazo a la inversión empresarial, que nos acercan a un círculo vicioso del que no es fácil salir.

Otro indicador publicado recientemente y que nos puede ayudar a entender el diferente impacto de la crisis en los países de nuestro entorno es el volumen de compras de deuda soberana por parte del BCE. En junio, la deuda española supuso un 21.5% del total de deuda comprada por el BCE durante ese mes, cuando a España le correspondería por reparto un 11.9%. De lo que se deduce que el BCE está actuando sobre la deuda española mucho más de lo que correspondería. Para sorpresa de muchos economistas, el país más sostenido por las compras de deuda del BCE durante el mes de junio fue Francia, con el 47.6% del total de compras, cuando por cuota de reparto le tocaría el 20.4%. En contra de lo que podría imaginarse a tenor de la tradicional inestabilidad política italiana, la compra de deuda italiana fue del 9.2% del total de la deuda, lejos de su clave de reparto del 17%. En resumen, la deuda italiana está resultando ser mucho más resistente que la francesa o la española, que se convierten en los países más vulnerables de la zona euro, aunque el volumen de deuda sobre el PIB de la economía italiana se sitúe notablemente por encima de la francesa y la española.

La francesa es una de las economías que más ayuda precisará de Europa, pero también ofrece una fortaleza y robustez mucho mayor que la española, sin olvidar que su actividad económica está muy integrada con la alemana y con la del conjunto de Europa, mientras que la española aparece como mucho más periférica.

Italia también goza de una economía mucho más integrada en Europa que la nuestra y un tejido industrial mucho más fuerte. Aunque la estacionalidad derivada del turismo también afecte a este país, su impacto negativo en el PIB será menor que en nuestro caso, tanto por el menor peso del turismo en el PIB nacional –13% en Italia por un 16% en España– como por las mayores relaciones comerciales de Italia con el núcleo económico europeo. En este contexto, el planteamiento de movilizar un frente común de los países del sur frente a la restrictiva posición de los frugales no parece tan plausible.

Mañana y pasado se celebra una reunión del Consejo Europeo que será clave para el futuro de Europa y su economía. Especialmente atenta estará España, conocedora del elevado riesgo que presenta y de la elevada vulnerabilidad de su economía. Nadie se preguntó hace unos meses cómo era posible que una de las economías que más crecía de la UE fuese, a la vez, una de las que presentaba una de las mayores tasas de paro; hoy sufrimos las consecuencias.

No debemos olvidar que Europa es ante todo un proyecto político, con implicaciones económicas, por supuesto, pero no en exclusiva. No es una hucha de la que sacar dinero en momentos de recesión, apelando a una solidaridad más que interesada, desoyendo a la vez las responsabilidades derivadas. Europa avanza. Se ha propuesto un fondo de reconstrucción que implica una mutualización de la deuda, a la que hará frente la propia Comisión Europea buscando recursos en los mercados, y por la que exigirá responsabilidad a los estados.

España corre el riesgo de consolidarse como “el enfermo de Europa” si no está a la altura. El fondo de reconstrucción no repartirá dinero para hacer política de partidos, sino para modernizar las estructuras productivas y realizar cambios estructurales que doten de mayor robustez a la economía, especialmente la derivada del mercado de trabajo, y para evitar futuras pandemias, con una perspectiva a medio y largo plazo.

Estos recursos serán escasos y condicionales, con opción de ampliación si se van alcanzando los hitos fijados. En el caso español, jugará un papel clave la capacidad del Gobierno (y de sus socios) para ofrecer políticas alineadas con los objetivos europeos. Ya existen programas en funcionamiento, como el SURE de la Comisión Europea, el MEDE, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o las compras del BCE, a modo de escudo; pero el fondo será la espada, el mecanismo para atacar y poner en marcha la recuperación más que frenar la caída. No habrá más oportunidades para nuestro país. No hay Plan B.

Albert Guivernau es Profesor de Economía de la Universitat Abat Oliba CEU y miembro de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea (EUFIS).

Participación en el Programa Cinco Continetes de RNE (11/12/20)

Escuchar audio: aquí

Se analizaron los resultados de la cumbre de los líderes de la Unión Europea que terminó el pasado 11 de Diciembre en Bruselas, con Albert Guivernau, miembro de la Cátedra Jean Monnet sobre Integración Fiscal en la UE de la Universitat Abat Oliba CEU, con el objetivo de dar las claves para entender lo que significa la aprobación del marco presupuestario plurianual y del fondo de recuperación para hacer frente a la pandemia.

 

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