Press article by doctor Albert Guivernau. Published in Cataluña Económica with the original title: «Euforia sobredimensionada» (01/06/2021). Talks about the objectivity needed to operate with European funds, reflecting on Spain’s capacity to assume them.
Link: https://catalunyaeconomica.com/analisis/euforia-sobredimensionada/
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En estos últimos años, y en buena medida por las ideas trasladas a través de diversos organismos institucionales, se ha percibido con claridad en Cataluña una disminución del espíritu europeísta tradicionalmente defendido por organizaciones públicas y privadas. Incluso entre los más jóvenes son escasas las referencias a la Unión Europea, más allá de los codiciados programas Erasmus de intercambio estudiantil.
Cuando en la transición se hablaba de democracia, modernización y crecimiento, las referencias a Europa eran obligadas. Ese era el modelo social, político y económico que se deseaba. El ingreso de España en la, entonces, Comunidad Económica Europea fue acogido como un triunfo colectivo de nuestra sociedad, especialmente en Cataluña.
Desgraciadamente, vivimos en una época de escasa memoria colectiva, y pocos reconocen lo que supuso el ingreso en el club comunitario para una sociedad cerrada y relativamente anclada en el pasado. Así es posible no sólo percibir un cierto desprecio por las instituciones comunitarias, sino incluso un abierto rechazo a nuestra pertenencia a las mismas. El Brexit está, todavía, demasiado cercano.
En realidad, debería ser suficiente el privilegio de formar parte de un grupo de países que representan un conjunto de valores, deseados y admirados por todo el mundo: humanismo, cultura, diversidad, solidaridad,… Sin olvidarnos de todo el impacto que ello ha supuesto en nuestro desarrollo económico. Puede decirse que ser europeo implica dos puntos de vista, el identitario y el pragmático, y que ambos están estrechamente relacionados.
Poniendo el foco en Cataluña, y partiendo de la actual situación de crisis económica derivada de la pandemia, aunque continuadora de una clara desaceleración en los años anteriores, la visión de la Unión Europea no debiera generar ningún tipo de duda.
Frente a las actuales circunstancias, pertenecer a la UE es una garantía para obtener fondos para la recuperación, y la tranquilidad derivada de la mutualización de la deuda.
Es cierto que los retos que se presentan a la UE en su conjunto son muy elevados, pero no es difícil imaginar que ocurriría si tuviéramos que afrontarlos en solitario. Cataluña espera ávida su parte de los fondos Next Generation EU, pero conviene no olvidarse que dichos fondos están condicionados a la ejecución de los proyectos presentados, lo que exige rigor y eficiencia en su diseño y desarrollo.
Además no debe cometerse el error de planificar proyectos de gasto poco eficientes. En tal caso, los fondos supondrían un mero alivio cortoplacista a nuestros problemas económicos. Desde nuestro punto de vista es imprescindible priorizar proyectos que generen un alto valor añadido de cara al futuro :adecuación del sector turístico a la transformación energética, climática y digital; de clústeres orientados a la interconexión con redes de transporte transeuropeas y globales; refuerzo de la importancia del puerto de Barcelona; fomento de la conectividad a través del Corredor Mediterráneo; y flexibilización y potenciación el sector educativo, a todos sus niveles.
Para conseguirlo, resulta imprescindible ante todo, una modernización y digitalización real de la administración pública, haciéndole más ágil, segura y cercana al ciudadano (sistema educativo, justicia, servicios públicos…). En segundo lugar,una apuesta decidida por la ciencia y la innovación, aumentando los recursos destinados a I+D+i y a educación. Y, por supuesto, una reforma y modernización del sistema fiscal, adaptado a los tiempos, orientado a la competitividad y alineado con las tendencias imperantes en el entorno internacional, especialmente el europeo.
En dicho sentido, y teniendo en cuenta los retos a los que nos enfrentamos, disponer de la experiencia y conocimiento de expertos independientes resulta imprescindible para garantizar el éxito de los proyectos y acceder a los fondos Next Gen EU. La participación de destacados empresarios, directivos y expertos económicos es esencial a tal efecto, y la sociedad catalana dispone indudablemente de dicho talento. Es imprescindible utilizarlo cuanto antes.
Juan Corona es Director de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea (EUFIS) de la Universitat Abat Oliba CEU.
Press article by doctor Juan Corona, director of Jean Monnet Chair in European Policies. Published in ABC with the original title: «Cataluña, a la espera de los fondos Next Generation EU» (09/05/2021). Reflects on the European spirit in Catalonia, its evolution and the Next Generation EU Funds.
Press article by doctor Albert Guivernau. Published in ElEconomista with the original title: «El largo camino del «Next Generation EU»‘ (05/05/2021). Reflects on the European Funds and the role they play in solving structural problems.
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El gobierno aprobó este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que España puede llegar a absorber hasta 70.000 millones de euros en ayudas, que podrían doblarse en caso de solicitar mayores fondos, esta vez vía préstamo, aunque con condiciones muy ventajosas. Y lo ha hecho al mismo tiempo que Alemania, Francia e Italia.
Un primer hecho relevante que no suele tenerse en cuenta es que para España, a día de hoy, el Next Generation EU supone sólo 70.000 millones de euros reales hasta 2023, y no los 140.000 que parecen haberse instalado en la opinión pública, ya que el Gobierno sólo ha solicitado la parte del Plan correspondiente a las transferencias, optando de momento- a renunciar a los préstamos.
Otro factor a tener en cuenta es el tiempo. Estaba previsto que los primeros fondos -un 10% de los 70.000 millones- se liberaran este verano, pero la lentitud en el procedimiento hace pensar que no llegarán hasta otoño. El tiempo no sólo juega a la contra a la hora de recibir los fondos, sino que también condiciona poder ir desbloqueando pagos a medida que se van ejecutando los proyectos. Todos deben estar finalizados antes de 2026 para poder recibir la totalidad de los fondos. Es decir, de forma inmediata no llegarán 70.000, llegarán 7.000 y llegarán tarde.
Dónde sí supone un verdadero avance el Plan es en lo referente a la mutualización de la deuda generada por el Plan, siendo titular la Comisión, y que ha permitido doblar el volumen del Marco Financiero Plurianual. Un paso importante para el impulso de la integración fiscal europea.
En referencia a la incidencia que los Fondos puedan tener en la economía española las transferencias representan aproximadamente el 6,2% del PIB de 2020. Eso sí, repartidas hasta 2026, es decir aproximadamente un 1% del PIB de 2020 anualmente. Con este cálculo no pretendo despreciar el papel del Fondo, pero sí relativizar la euforia generalizada. El Next Generation EU puede ayudar a la transformación económica, pero no resolverá ninguno de los problemas estructurales que no sepamos resolver solos. Conviene recordar esto para que la frustración no se acabe volviendo contra la UE, generalizando posturas euroescépticas.
La respuesta a la Crisis de la Covid-19 supone un verdadero reto para la cohesión de la Unión Europea. A nivel económico, el impacto ha sido superior al soportado por EEUU o China; y a nivel sanitario, aunque inicialmente EEUU sufriera un mayor impacto, Europa se ha visto rezagada (a veces ninguneada) en el proceso de vacunación. Mientras que en EEUU se ha vacunado al 43% de la población, en la UE apenas se ha llegado al 25%. La credibilidad de las instituciones europeas está en juego.
Por parte del Gobierno se ha concretado una serie de inversiones en línea con las recomendaciones del Semestre europeo y el espíritu del Plan, orientado a transformar la economía y no a recuperar lo que había antes de la pandemia. No se ha bajado al detalle a la hora de afrontar las reformas estructurales del país, lo cual puede aventurar que poco se avanzará en este sentido.
Si comparamos la propuesta aprobada por España por las de Alemania, Francia e Italia, encontramos algunas diferencias. En el caso de Italia, por ejemplo, se hace un importante énfasis en la Educación y en la necesidad de co-gobernanza de los fondos junto a la sociedad civil. Mientras que aquí la gestión se centraliza en la administración pública.
Actualmente, aún no se ha realizado ninguna convocatoria real para presentar proyectos con cargo al Fondo. Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno aseguró que «de aquí al verano» comenzarían a salir «convocatorias reales» vinculadas a estos fondos. Es decir, que aún no se ha abierto el plazo para presentar proyectos concretos.
A día de hoy la fecha en la que se puedan desbloquear los fondos no está nada clara, pues aún faltan 10 países por ratificar la decisión de recursos propios de la UE la ley que permite a la Comisión Europea pedir prestado para disponer de fondos. Este paso es imprescindible para poner en marcha el Plan de recuperación y requiere de unanimidad. Si uno sólo de los 27 no aprueba esta decisión en sus parlamentos nacionales, el Next Generation no puede avanzar.
Albert Guivernau es Investigador de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea (EUFIS) de la Universitat Abat Oliba CEU.
Leer artículo en The Diplomat in Spain.
Próximo ya el fin oficial de la pandemia, empieza a detectarse un interés creciente por sus consecuencias económicas a nivel global. Bienvenida sea esta preocupación tras muchos meses presididos por un debate espurio entre vida y economía. La crisis económica en la que estamos inmersos (causada en buena medida por la lamentable gestión de la pandemia por la mayoría de gobiernos) presenta unas características diferentes a las clásicas crisis causadas por la depresión de la oferta o la demanda agregada. La paralización de la economía no ha obedecido a las conocidas cuestiones macroeconómicas, sino a una decisión política que ha afectado a una gran mayoría de sectores productivos.
En términos cuantitativos, la contracción económica mundial supera incluso a la producida en la crisis de 2008. El FMI ha llegado a cifrar la caída del PIB mundial en 3 puntos por cada mes de confinamiento. En este sentido, resulta imprescindible agilizar las campañas de vacunación para volver a la normalidad cuanto antes. En el actual escenario, las semanas cuentan.
De cara al futuro, es obvio que las políticas económicas deben diseñarse específicamente para contrarrestar los efectos negativos derivados de la pandemia. A priori, existen elementos favorables con respecto a crisis anteriores. Fundamentalmente , el hecho de que la capacidad productiva no ha desaparecido, ha sido inmovilizada. Ello permitirá unas tasas de crecimiento importantes a corto plazo, pero no hay que olvidar la desaparición de unidades productivas en diversos sectores, que requiere una consideración prioritaria.
Por otro lado, dicho problema puede verse compensado si se adoptan las medidas adecuadas en el impulso de sectores como las nuevas tecnologías, la venta on line, etc. Los hábitos de consumo van a verse modificados a corto plazo, aunque a medio largo resulta aventurado pronunciarse sobre la consistencia de dichos cambios.
En cualquier caso, la obligación de los políticos consiste en implementar medidas de política económica que compensen de manera eficaz los puntos débiles del nuevo modelo de producción y consumo. A tal efecto, no deja de ser preocupante la tendencia de diversos gobiernos, ya detectada a implementar políticas denominadas como keynesianas. Y ello por dos motivos: en primer lugar, por la habitual interpretación parcial y errónea del keynesianismo y, en segundo lugar, por su inadecuada adaptación a la crisis actual.
Con respecto al primer punto, hay que recordar que no nos encontramos ante una crisis de demanda, y que el gasto público no ha dejado de aumentar en las últimas.
Décadas. Indudablemente los ingresos ordinarios de los estados serán incapaces de mantener la carrera de gastos, forzando incrementos excesivos del endeudamiento público… En segundo lugar, las recetas keynesianas orientadas al crecimiento exigen que el aumento del gasto vaya acompañado de una reducción impositiva para no eliminar los efectos multiplicadores. Planteamiento que cuesta que entiendan los políticos.
La combinación de una política fiscal expansiva y de estímulos monetarios importantes por parte de los bancos centrales puede ofrecer resultados positivos a corto y medio plazo, pero en el largo resultará inevitable la aparición de presiones inflacionistas muy serias, que exigirán aumentos en los tipos de interés y recortes en la liquidez. Estas medidas coincidirán con niveles de deuda pública elevadísimos, difícilmente reversibles, por lo que el futuro de la economía mundial no invita al optimismo.
La humanidad ha luchado con éxito contra la covid. ¿Será capaz de hacer lo mismo contra la crisis económica en un marco de visión cortoplacista en un escenario en el que la deuda pública ya está doblando el PIB mundial?
Juan Corona es Catedrático de Economía Aplicada y director de la Cátedra Jean Monnet sobre Integración Fiscal en la UE de la Universitat Abat Oliba CEU.
La identidad europea se alimenta por dos vías. Es una cuestión de piel, de sentimiento de pertenencia que, al mismo tiempo, tiene que estar respaldado por la convicción racional de que conviene desde el punto de vista pragmático.
Por eso, uno de los principales peligros para la construcción de una identidad europea es que “los ciudadanos tengan la sensación de que el camino hacia la UE no es útil”. Un riesgo que se está manifestando en la actualidad, en relación con la gestión de la crisis sanitaria y el plan de vacunación. En la comparación, la UE sale malparada y eso puede hacer que los europeos se cuestionen si las “fórmulas de consenso” ralentizan soluciones a las que se llega más rápidamente con un “modelo más autoritario”.
Esta es una de las observaciones que ha dejado el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, que considera que, respecto a la COVID-19, la UE ha dado una de cal y otra de arena. La parte positiva vendría representada por la aprobación del fondo Next Generation UE, mientras que las autoridades comunitarias en cuentran en la vacunación la cruz de su gestión. Un asunto muy delicado en términos de identidad, ya que puede conducir a pensar que “otros países han priorizado a sus ciudadanos” o que “interesan más las fórmulas autoritarias”, ha insistido.
Ferrer ha sido uno de los ponentes del coloquio ‘¿Qué significa ser europeo?’, organizado por nuestra Cátedra Jean Monnet sobre Integración Fiscal en la UE (EUFIS), el Consell Català del Moviment Europeu y la Asociación de Diplomados de los Cursos de la Unión Europea en Cataluña (ADICEC).
El director de la Cátedra EUFIS y catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad, Juan Corona, ha complementado las ideas expresadas por Ferrer. Desde la perspectiva de la identidad, ha apelado a afrontar con claridad las grandes cuestiones pendientes. Por ejemplo, respecto a la integración fiscal: “¿queremos estar armonizados y ser una unidad económica que sea la base de la política? Sí o no, hay que decidirlo”.
En la indeterminación sobre qué quiere ser, es difícil que Europa pueda competir con estados como USA o China, que son “poderes unitarios”, ha manifestado. Alcanzar esta unidad de propósito sería vital para que la UE pudiera comportarse en la escena internacional de acuerdo con su músculo económico. “Europa unida podría ser la primera potencia del mundo”, ha señalado.
El debate ha sido moderado por la presidenta de ADICEC, Dolors Grau.
El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, considera que en la cuestión de la reducción de emisiones y la descarbonización es necesario aplicar “medidas restrictivas” con carácter “urgente”. Actualmente, estas medidas “pasan necesariamente por el gas natural”.
“No se pueden dejar pasar quince años hasta que haya nuevas tecnologías”, ha observado durante su intervención en la sesión ‘Principales retos energéticos en Europa’, organizada por el Club Tocqueville y la Cátedra Jean Monnet sobre Integración Fiscal en la UE de la Universitat Abat Oliba CEU.
Hay que desarrollar algunas restricciones, por ejemplo en el caso de los barcos. “A día de hoy el gas natural es la única alternativa sostenible que permite reducir emisiones y mejorar la calidad del aire de los entornos portuarios”, ha señalado.
Esto último le ha conducido a hablar del caso de Barcelona, ciudad en la que “hay muchas medidas para el fomento del vehículo eléctrico” y en la que “sería bueno impulsar más medidas para reducir emisiones en el puerto”.
Oreja vaticina que el gas estará presente durante largo tiempo en nuestro mix energético. Por un lado, “cumple un papel fundamental” para garantizar la seguridad del suministro. Por otro, su papel es indiscutible en la descarbonización, ya que hay sectores que actualmente son contaminantes y que no son electrificables. Se ha referido a gran parte de la industria, al transporte pesado, a parte del ferrocarril y al transporte marítimo. Una enumeración que le ha llevado a recordar que descarbonizar “no equivale necesariamente a electrificar”.
En el tránsito a la eliminación de la huella de carbono, considera importante encontrar el equilibrio entre el principio de que “pague más quien más contamina” con la no penalización de las personas con menos recursos.
También ha tenido ocasión de referirse al impacto en el sector de los fondos del Next Generation UE. “El 37% de los fondos está asignado a la transición ecológica. Si invertimos bien este dinero deberíamos, además de transformar el modelo, aprovechar para reindustrializar el país”.
A su juicio, apostar por la vía del hidrógeno y el biometano como combustibles también puede abrir oportunidades a la industrialización, la inversión en nuevas tecnologías y la reactivación de zonas despobladas y las afectadas por la transición ecológica.
Leer artículo en Catalunya Press
La crisis derivada de la Covid-19 ha provocado la mayor crisis de la economía española del último siglo, sólo equiparable a la destrucción de actividad económica provocada por la guerra civil. En 2020 el PIB de la economía española cayó un 11%, la mayor caída desde 1936 cuando la guerra civil contrajo la economía un 26,8%. Los niveles de deuda pública también se han disparado hasta el 117,1% del PIB, cifra no alcanzada desde 1902. Si bien es cierto que en 2021 se prevé una fuerte recuperación es posible que se tarde varios años en recuperar los valores pre Covid-19. A modo de ejemplo, España no recuperó su PIB nominal de 2008, cuando estalló la crisis financiera, hasta 2016, ocho años después. Y ahora la caída de la economía ha resultado cuatro veces superior a la de entonces.
Para hacer frente a esta situación, se ha articulado una amplia reacción de la política económica tanto en el ámbito nacional como supranacional, en especial desde las instituciones europeas, y que afecta a la política fiscal, la monetaria y la financiera. El pasado 17 de diciembre de aprobó el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) –el presupuesto a largo plazo de la UE-, y la creación del instrumento de recuperación de emergencia Next Generation EU (NGEU).
El NGEU es un nuevo instrumento de carácter temporal y complementario al presupuesto europeo, que pretende reactivar la economía, pero sobretodo empujarla hacia la digitalización y la transición ecológica. Es decir, no trata de recuperar la economía de antes de la pandemia sino de transformarla. Está dotado de un importe potencialmente disponible de hasta 750.000 millones de euros, cuyos desembolsos se harán en forma de transferencias directas (hasta 312.500 millones) y préstamos (hasta 360.000 millones). El plan puede llegar hasta esos 750.000 millones pero dependerá de muchos factores, entre ellos la capacidad de los países para presentar proyectos transformadores interesantes y ejecutarlos en tiempo. El 90% de recursos de este fondo van destinados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), creado para apoyar a las inversiones y reformas estructurales en los estados miembros.
La coletilla “potencialmente disponibles” también guarda relación con el mecanismo por el cual la Comisión Europea pretende obtener los fondos, ya que el NGEU será financiado a través de la emisión de deuda común en los mercados financieros, convirtiéndose en uno de los mayores avances en integración fiscal europea.
Del NGEU España tendrá potencialmente disponibles hasta 140.000 millones de euros entre transferencias directas y préstamos, el segundo país que más reciba después de Italia, cuyo plazo de ejecución será de 4 años en el caso de las reformas y 6 años en el caso de las inversiones. De momento el Gobierno sólo optará a los fondos que le tocan vía transferencias directas, más de 77.000 millones.
El proyecto del Gobierno para hacer uso de esos recursos se encuentra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado hace unos días por el presidente Pedro Sánchez, y que abarca el período 2021-2026. El plan se divide en cuatro ejes: transición ecológica, digitalización, igualdad de género, cohesión social y territorial; y 10 políticas “palanca”. De los cuatro ejes prácticamente el 70% de los fondos se destinarán a los dos primeros: transición ecológica y digitalización. Sin embargo, el inicio de los desembolsos del fondo está sujeto a la aprobación del Plan español por parte de la Comisión Europea, que lo evaluará en base a diferentes criterios, entre los cuales destaca que el plan propuesto mantenga una coherencia con las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo, además de analizar su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo, y su contribución a la transición ecológica y digital. Es decir, la disponibilidad de los fondos está sujeta a condicionalidad y la Comisión sólo adelantará el 10% de los fondos y sólo abonará el resto en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados.
Uno de los principales conflictos referentes al plan presentado por España hace referencia a la gestión de los fondos. El Consejo de Estado elaboró un informe en el que incidía en la necesidad de reforzar el control sobre los fondos y que no se sacrificara parte del proceso de control previo en aras de la urgencia. En el ámbito internacional la duda surge sobre la capacidad del Gobierno para presentar proyectos transformadores y que sea el Gobierno quién determine los proyectos más adecuados y no un organismo independiente con un perfil más técnico. Es inevitable la comparación con Italia, dónde las grandes líneas de los proyectos se elaboraron bajo el impulso de Vittorio Colao, ex director ejecutivo de Vodafone, o el de Grecia, donde lo hicieron con Cristóbal Pissarides, premio Nobel de Economía. En el caso de España, si bien el Estado coordinará la ejecución de las inversiones, buena parte del trabajo recaerá directamente en las CCAA.
Estos fondos suponen para España una oportunidad única, sólo comparable al impulso que vivió nuestro país con los Fondos de Cohesión y Desarrollo, cuyo éxito dependerá de la iniciativa público-privada y la capacidad de ejecución. Aunque aparejados a estas oportunidades aparecen algunos riesgos.
El primero hace referencia a la capacidad de ejecución de los fondos, que han de estar ejecutados en su totalidad antes de 2026. A modo de referencia, del anterior MFP (2014-2020) España sólo ejecutó el 34% de los Fondos a los que pudo tener acceso. Por lo tanto, existen dudas reales sobre la capacidad de las administraciones para gastar tanto dinero, de forma eficiente y en un período de tiempo tan reducido. En este sentido cobran importancia los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, o “PERTE” como nueva figura de colaboración público-privada.
El segundo riesgo hace referencia a la idoneidad de los proyectos en qué se inviertan las ayudas. En el proyecto presentado por el Gobierno el 7,1% de los fondos se destinarán a inversiones directas y el 72,6% a transferencias de capital. Por ámbitos temáticos, más del 50% del total de fondos se dedicarían a ayudas a la inversión en la industria y en el sector energético, infraestructuras e investigación, desarrollo e innovación. Es decir, que gran parte de los fondos se convertirán en pago de inversión en el sector privado a través de transferencias de capital. Aquí las administraciones pueden verse en dificultades para evaluar y elegir los mejores proyectos. La competencia entre proyectos, la selección fundamentada en criterios objetivos y aplicar criterios de eficiencia debe ser un imperativo.
Y el tercero, que es la capacidad para demostrar que efectivamente los proyectos presentados ponen énfasis en afrontar los retos que expone el Semestre Europeo y también que la manera propuesta es la mejor para lograr los objetivos. Básicamente, justificar que las inversiones y reformas están orientados a fortalecer el sistema sanitario, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, facilitar liquidez a las PYMEs, promover la inversión, reforzar la investigación, reducir la desigualdad y reformas regulatorias, que son los ámbitos que apuntó el Semestre Europeo. Es decir, que los fondos podrían ayudar a que nuestro país acometa algunas de las reformas estructurales pendientes.
Cabe destacar que el Next Generation EU es un elemento más de la respuesta europea a la crisis generada por la Covid-19, pero no el único. Relevante ha sido el papel del BCE con sus programas de compra masiva de activos y la provisión de financiación a largo plazo para entidades financieras, que ha permitido que nuestro país pueda financiarse a tipos de interés muy bajos. Por otro lado, el Eurogrupo creó la triple red de seguridad (para trabajadores, empresas y deuda soberana), incluyendo la creación del SURE para financiar los ERTE, con 100.000 millones de euros, el Fondo de Garantía del BEI, dotado con 200.000 millones de euros, para facilitar el crédito al sector privado, y una nueva línea del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), dotada con 240.000 millones de euros.
Albert Guivernau es Profesor de Economía de la Universitat Abat Oliba CEU y miembro de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea (EUFIS).
La Unión Europea está en el momento de la verdad. O se corona o se desmorona. Si el programa de vacunación común y el desarrollo de los proyectos del Next Generation se hacen exitosamente, se podría entrar en una nueva etapa de crecimiento y mayor integración. Sin embargo, si los planes comunitarios fallan en estos dos frentes, “olvídate de Europa”.
Así lo percibe el vicepresidente de Renew Europe (grupo liberal en el Parlamento Europeo) y portavoz de Ciudadanos Europa, Luis Garicano, que ha participado en una sesión organizada por la Cátedra Jean Monnet sobre Integración Fiscal en la UE (EUFIS) de la Universitat.
Tanto la vacunación como la puesta en marcha y desarrollo del fondo de reconstrucción son asuntos “de vida o muerte” para la UE. En el tema de las vacunas, no puede permitirse el lujo de quedar mal en la comparación con el Reino Unido, ya que reforzaría el mensaje sobre la lentitud de la burocracia comunitaria y “todo lo malo podría pasar”. Una cosa parecida sucede con los fondos del Next Generation: “Si se gastaran mal, Europa saldría tocada de muerte”.
Momento hamiltoniano
Como en tantas otras ocasiones históricas, el riesgo llega acompañado de la oportunidad. Tanto que podría hablarse de un momento hamiltoniano en el seno de la UE. Para que esto sea así, se necesitaría caminar hacia un “sistema de recursos propios para que la Unión se financie de manera autónoma”.
En este sentido, Garicano advierte que si el dinero del fondo “sale a costa del dinero del futuro”, Europa seguirá igual de “maniatada”; pero si la UE se dota de recursos a través de tasas como la del carbono, la digital o la de los plásticos, entonces, “habrá futuro”.
Gobernanza y transparencia
Está, pues, todo muy abierto. Actualmente, los estados están en la fase de elaboración de proyectos para aplicar los recursos del Next Generation. En el caso español, Garicano percibe falta de “gobernanza y de transparencia” en la forma en que el gobierno está enfocando el asunto.
Se puede hablar de falta de gobernanza porque no se ha contado con la opinión de expertos, lo cual es “peligroso”, ya que en el equipo de Moncloa no hay gente “con experiencia en grandes inversiones”, ha observado el europarlamentario. Y falta de transparencia porque “no se sabe cómo pedir el dinero ni se conoce cómo se va a gastar”.
A su juicio, los proyectos deberían incidir en aquellas recomendaciones de la Comisión que España lleva años desoyendo: actuar sobre las políticas de empleo, la educación, el mercado interior o los procesos de insolvencia, ha enumerado.
Garicano ha compartido impresiones con el corresponsal de El Mundo en Bruselas, Pablo R. Suances. Este ha coincidido con Garicano en valorar la trascendencia del momento presente para el proyecto europeo. Reconoce a los políticos comunitarios el mérito de haber negociado simultáneamente el Fondo de Rescate y el Next Generation, y todo ello sin Reino Unido. Según ha expresado, “podemos estar ante el núcleo de un Tesoro Europeo”. Sin embargo, todo está a expensas de una gran diversidad de factores, entre los que destaca la incertidumbre que genera el relevo de Merkel en Alemania.
La sesión ha sido conducida por el miembro de la Cátedra EUFIS y profesor de Economía de la Universitat Albert Guivernau, y presentada por el director de la Cátedra EUFIS y rector honorario, Juan Corona.
Vídeo completo del Diálogo:
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