La Unión Europea, en un corto espacio de tiempo ha publicado directivas y normas destinadas a potenciar una transición hacia las cero emisiones, el respeto a los derechos de las personas y conseguir entidades y empresas con una gobernanza limpia y exigente.
Los tres documentos principales que recogen esa voluntad son la EU Taxonomy, destinada a definir y diferenciar lo que son inversiones en actividades consideradas limpias, de las que no lo son, desde el punto de vista del medio ambiente.
Debemos añadir la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) que actualiza y desarrolla una Directiva anterior que ya se aplicaba en los países miembros, en el caso de España, mediante la Ley 11/2018 que define los contenidos de los Estados de Información No Financiera (EINF).
Una última Directiva ha venido a sumarse a las anteriores disposiciones, es la Corporate Sustainability Due Diligent Directive (CSDDD) destinada a fijar con claridad los criterios y la aplicación de una gobernanza adecuada.
En el mundo de la empresa las demandas que incorporan las nuevas y las anteriores Directivas dependen principalmente del tamaño de la empresa.
Pero no puede negarse que la coincidencia y en muchos puntos superposición de requisitos crea preocupación, por el aumento de la burocracia que puede derivarse de todo ello.
Tras las últimas elecciones al Parlamento Europeo y la nueva composición de este, Ursula von der Leyen que repite como presidenta de la Comisión, anunció que el próximo mes de febrero esperan presentar una regulación de tipo transversal que unifique criterios, mediante un “Omnibus Simplification Package” que tendrá como finalidad evitar solapes y reducir en una cuarta parte el nivel de datos consecuencia de la aplicación simultánea de las citadas EU Taxonomy, CSRD y CSDDD.
Los “stakeholders” ante este anuncio mantienen diferentes posiciones.
Por un lado, las empresas, en especial las grandes, tienen la esperanza de que la legislación definitiva en materia de sostenibilidad sea razonable, evite una excesiva burocracia y permita mantener la competitividad necesaria, para que Europa no se quede rezagada en la carrera mundial por el liderazgo económico.
En otros grupos de interés, desde los ámbitos del activismo climático existe la preocupación de que este ejercicio de simplificación que se anuncia se convierta en una reducción de las exigencias y una pérdida de oportunidades para mejorar las políticas destinadas a cuidar la casa común, el planeta.
Lo veremos durante los próximos meses, von der Leyen, apuntó, en su comunicación de noviembre que el “Omnibus Simplification Package” deberá estar listo en febrero de 2025.
Con los matices que puedan devenir de todo ello, hay un hecho cierto y es que la información corporativa en materia de sostenibilidad es parte de la información estándar, junto con la financiera y de gestión y que deberá estar elaborada por expertos y auditada o verificada por auditores y profesionales acreditados en todos los países miembros de la Unión Europea.
Los informes de sostenibilidad son un área profesional especializada y apasionante que con las nuevas normas se potencia y que a corto y medio plazo implicará a todas las empresas, también las pymes, pues en muchos casos son proveedoras de grandes firmas que les exigirán informes de sostenibilidad auditados.
Universidad Abat Oliba CEU
Dpto. de Empresa y Economía
Diciembre de 2024