El pasado 19 de diciembre, el Congreso aprobó definitivamente la reforma de las pensiones que desarrolla el factor de sostenibilidad e introduce el nuevo índice de revalorización.
La norma, que desvincula su actualización anual del IPC y adaptará las cuantías iniciales a la esperanza de vida desde 2019, parte de las recomendaciones de la Comisión Europea a nuestro país para garantizar la viabilidad del Sistema, amplía los cambios aprobados ya en 2011, con una reforma que incorporó el retraso gradual de la edad de jubilación desde los actuales 65 años hasta los 67 a partir de 2027.
El Gobierno prevé ahorrar cerca de 33.000 millones a la Seguridad Social los próximos ocho años. Los expertos, que ven en estas modificaciones un punto de partida, reclaman más avances, sobre todo en el marco de la pensión privada, que debería incentivarse en la próxima reforma fiscal. Los últimos informes publicados por KPMG van en esa dirección.
Ahorro más atractivo
Jaime Sol, socio responsable de Compensación y Pensiones en KPMG Abogados hace un llamamiento al Gobierno para que reforme la previsión social complementaria y haga más atractivo el ahorro. En su opinión, en nuestro país falta una cultura en ese sentido porque tradicionalmente la tasa de sustitución (cuánto representa la pensión pública con respecto al último salario) ha sido siempre elevada.
Antes de la última reforma esa tasa era del 81,2%, y solo se veía superada por Luxemburgo. Tras la anterior reforma, la tasa de sustitución se redujo al 73,9%, frente al 57,3% de media en la OCDE.
Desde KPMG apuestan, en concreto, por dotar de mayor credibilidad tanto al sistema público como al privado, con medidas que mejoren la legalidad de los productos (dado que ahora hay muchos que no son compatibles con otros, o no existe una movilidad entre planes dentro de la UE). Al mismo tiempo, apuestan decididamente por otro tipo de iniciativas enfocadas a mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones.
En este sentido, verían positivo que la rentabilidad de los planes de pensiones tributase como renta del ahorro y no como renta del trabajo en la declaración de la renta. También apostarían por una revisión de los límites a la aportación, que en este momento existen tanto desde el punto de vista financiero (es de 10.000 euros anuales para menores de 50 años y de 12.500 para mayores de esa edad), como desde el punto de vista fiscal.
Jaime Sol recomienda, igualmente, una labor de concienciación por parte del Ejecutivo, que se implante un sistema de previsión en las empresas que carezcan del mismo y que los trabajadores puedan decidir si permanecen o no en el mismo, como ocurre actualmente en Reino Unido o Nueva Zelanda).
Medidas similares en la UE
El responsable de Compensación y Pensiones de KPMG recuerda que las medidas que se han aplicado, en lo que a sostenibilidad se refiere, están en línea con las aprobadas en otros países europeos. Incide, además, en que el problema principal, en el caso de España, es que el nuestro es un sistema de reparto, en el que las cotizaciones que se recaudan hoy sirven para pagar las pensiones actuales, en concreto 9 millones.
En su opinión, la reforma era necesaria en tanto que la esperanza de vida aumentará, según las previsiones 7,9 años de aquí a 2060. Así, en 2052 deberemos pagar 15 millones de pensiones. A esto se suma la caída de los ingresos públicos, que ha ido acelerándose desde 2008 y esto ha provocado que España tenga que endeudarse más. Por este motivo, los expertos inciden en que el retraso de la edad de jubilación supone un ahorro considerable.
«Creemos que la introducción del factor de sostenibilidad es francamente importante, dado que incorpora el aumento en la esperanza de vida y comenzará a aplicarse a partir de 2019, revisándose de forma automática cada 5 años», enfatiza Jaime Sol.
En ese sentido, María Victoria Oñate, directora comercial de Colectivos de Aegon, explica que, según el último estudio elaborado por la aseguradora en doce países (La cara cambiante de la jubilación), los españoles reconocen por primera vez que su papel es principal a la hora de garantizarse la jubilación. Con todo, los mismos ciudadanos reconocen no hacer lo suficiente en ese sentido. Por otra parte, los trabajadores en activo aceptan que su pensión será peor que la actual.
Oñate ve esencial que el Ejecutivo ofrezca los incentivos y la motivación suficientes para que la gente se asegure sus ingresos de jubilación a través de dos pilares, la empresa y el ahorro neto propio. A lo largo de la tramitación en el Senado, la última reforma de las pensiones ha incorporado varias enmiendas. Entre ellas destaca la ampliación al IPC más medio punto de la subida máxima de las pensiones. Al mismo tiempo, el Ejecutivo deberá presentar cada cinco años un estudio sobre los efectos de la reforma en el poder adquisitivo de los pensionistas, que será revisado en el marco del diálogo social y en el Congreso.
De acuerdo con los cálculos de Empleo, la Seguridad Social consumirá el equivalente al 10,7% del PIB en 2014 (algo más de 100.000 millones), lo que supone un 0,6% más que el año anterior. De hecho, 37 de cada 100 euros del presupuesto público se destinarán a este capítulo el próximo ejercicio.
Fuente: eleconomista, 7 de enero de 2014