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En el artículo anterior de este blog, comentábamos que, pese a que la nueva Ley de Contratos del Sector Público presentaba como loable avance su extensión al ámbito de los Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, su aplicación a este tipo de entidades iba a ser muy limitada. Así, el texto que precede a esta entrada del blog terminaba con la conclusión de que, desde el punto de vista objetivo, esta clase de personas jurídicas sólo se verán afectadas por la LCSP en lo que respecta a los contratos sujetos a regulación armonizada.

Sobre este último aspecto cabe, además, observar que en los contratos sí incluidos, la aplicación de la LCSP a éstos no es completa. Se les exige que actúen conforme a la legislación comunitaria, y a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, sin detallar en qué obligaciones concretas se concretan estos principios. Se exige, eso sí, que estos entes aprueben unas instrucciones internas de contratación, por la que se regirá la actividad contractual sujeta a la LCSP, y estos principios que he señalado. Para moderar aún más la aplicabilidad de la normativa contratación se añade que esos principios deberán respetar la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.

En todo caso, hemos de tener en cuenta la Disposición adicional decimotercera de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, relativa al régimen de contratación. Este precepto establece que todos los procedimientos de contratación se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, como hace la LCSP. Ahora bien, a mi juicio, lo más sorprendente es que la LCSP es menos severa que la vigente Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Obsérvese que en la citada ley de 2007 no se distingue entre contrato SARA o no SARA, y en la LCSP se restringe exclusivamente a los contratos sometidos a regulación comunitaria. Existe una contradicción estas ambas normas, por lo que si se estima que lex posterior derogar anterior, resulta que la LCSP elimina trabas a la contratación de los partidos políticos.

Como quiera que sea, quizá una de las partes que más quebraderos de cabeza ocasiona a los operadores jurídicos, es el ámbito subjetivo de ley. La LCSP no se aplica en toda su extensión a todos los entes que le están sujetos. En continuidad con la legislación anterior, existe una gradación en cuanto al articulado aplicable: de los arts. 2 y 3 de la LCSP se derivan tres supuestos diferentes. En ese sentido, podríamos enumerar, de mayor a menor grado de intensidad en la aplicación de la citada LCSP, las siguientes categorías:

  • Administraciones públicas.
  • Poderes adjudicadores que no son administración pública.
  • Entidades adjudicadoras que no son poder adjudicador.

Esta suerte de círculos concéntricos de aplicación del LCSP ocasiona un complicado estatuto para cada categoría, que convierte la lectura de la ley, si se me permite expresarme en estos términos, en un auténtico sudoku. No es ahora el momento de desarrollar estas categorías, pero sí de denunciar que, como la ley precedente, nuestro país se dota de unas normas en extremo complicadas, que perjudica a las propias administraciones y al ciudadano.

La Exposición de Motivos de la LCSP afirma que uno de sus objetivos es facilitar la contratación pública a las PYMES. Si el legislador cree que con Tsunamis normativos de este tipo se ayuda a las empresas y a los profesionales autónomos en España, adolece de un profundo desconocimiento de la realidad social de nuestro país. No necesitamos de más normas, ni de más administraciones o entes públicos. Necesitamos que las existentes se cumplan, sean claras y  permanezcan en el tiempo. No podemos vivir permanentemente bajo la amenaza de una gigantesca nueva Ola legislativa que arrase con todo lo existente.

Juan José Guardia Hernández
Profesor adjunto de Derecho Administrativo

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