Notas sobre las reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El proceso penal se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), una ley promulgada por el Real Decreto, de 14 de septiembre de 1882, precedida por una excelente exposición de motivos, altamente aleccionadora sobre los problemas centrales del proceso penal  y que ha sido objeto de reformes sucesivas de una importancia singular y valoración desigual.

En ella se implanta la coexistencia del principio acusatorio y el principio inquisitivo, dos formas o sistemas de organizar el proceso penal de acuerdo con el  principio de oficialidad. Cada uno de estos principios ha estado predominando en diferentes momentos históricos. Actualmente, se puede detectar en el proceso penal español manifestaciones de ambos a pesar de que  destaca mucho la vigencia del acusatorio, por el que nemo iudex sine actore.

La conveniencia de separar las labores de instruir y juzgar se establecen en el mismo texto legal. Hasta el momento la autoridad competente para investigar unos hechos con apariencia delictiva, intentando  averiguar las circunstancias que los rodean, descubrir a sus responsables y  reunir el material probatorio que se haya de utilizar en un eventual juicio oral, era el juez de instrucción. No es nuevo el debate generado en cuanto a la asunción de la competencia de la instrucción, pero al parecer de los últimos rumores del entorno judicial se desprende la eminente reforma en cuanto a las atribuciones del Ministerio Fiscal.

A favor del cambio existen argumentos centrados en que el juez de instrucción sería verdaderamente el tercero neutral o imparcial, ya que hasta el momento viene asumiendo el papel de parte acusadora. Se reconvertiría por lo tanto, en juez de garantías, que verificase que la instrucción se practique de acuerdo con las garantías constitucionales y procesales de nuestro ordenamiento jurídico.

En contra existen argumentos básicamente relativos a la imparcialidad del Ministerio Fiscal, pues al regirse por el principio de jerarquía su labor podría no ser todo lo independiente que se requiere, dejando de investigar determinados campos, amén de las reformas estructurales que resultarían  imprescindibles para llevar a cabo dicha labor.

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