Hasta ahora, el análisis de la “crisis de Ucrania” se ha focalizado en su dimensión geopolítica, dejando un tanto al margen los efectos económicos que plantea el conflicto para Ucrania, Rusia y Europa, a corto y medio plazo. Pero, paradójicamente, es esta dimensión económica la que explica en buena parte tanto el inicio de las hostilidades como la posible resolución ordenada de las mismas.
Así, el origen de las desavenencias entre Bruselas y Moscú se sitúa en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Ucrania y la EU. Un acuerdo que Rusia consideró una injerencia en su espacio económico vital, y que en 2013 acabó desencadenando la crisis del Maidán, la salida de Ucrania del anterior presidente (Yanukóvich), la anexión de Crimea por parte de Rusia y el posterior estallido de la guerra civil en el este del país.
Y a partir de ahí, la escalada de la tensión entre Ucrania, Rusia y la UE materializada, inicialmente, en restricciones del suministro energético, imposición de contingentes a las importaciones ucranianas y desmovilización de inversiones rusas en Ucrania; y, posteriormente, en el establecimiento de sanciones de la UE sobre intereses rusos contrarrestada mediante medidas proteccionistas por parte de Rusia.
Se trata de una dramática exhibición de fuerza destinada, en el corto plazo, a fijar el poder de negociación de cada una de las partes.
Graves consecuencias
Pero estas acciones, a medio y largo plazo, constituyen una opción nefasta, pues siguiendo su interés particular, los países derivan hacia el peor de los resultados económicos (individuales y colectivos) posibles, consecuencia del profundo grado de integración comercial y financiero entre Ucrania, Rusia y la UE.
La asociación comercial entre Ucrania y la UE suponía una oportunidad para desarrollar un programa de reformas capaz de estimular los negocios y atraer inversiones en el país eslavo, y así revitalizar una economía en clara recesión, cuasi en bancarrota.
El FMI prevé una caída del PIB del 6,5% en 2014, que podía llegar a situarse en torno al 7-8% si se agravan las hostilidades.
La guerra civil ha destruido una parte significativa de las infraestructuras e instalaciones en el este del país, lo cual ha mermado significativamente la capacidad de producción industrial de las regiones de Donetsk y Lugansk, que aportan casi el 16% del PIB, un 23% de la producción industrial y casi una cuarta parte de las exportaciones del país.
En paralelo, un consumo de energía excesivo e ineficiente impone una gran dependencia de los suministros de gas de Rusia y penaliza las finanzas públicas de Ucrania. Así, el déficit fiscal del Estado más Naftogaz (la empresa pública suministradora de gas natural subvencionado) para 2014 se situará entre el 8-10% del PIB. La deuda pública en porcentaje del PIB pasará del 40% (2013) al 67% (2014), un aumento considerable pero que mantiene el endeudamiento del Estado en un nivel todavía sostenible.
Sin embargo, la progresiva devaluación de la divisa de Ucrania (hryvnia) está ejerciendo una gran presión sobre los balances del sistema bancario de Ucrania (muy endeudado en moneda extranjera) y podría exigir un rescate bancario (bail-out) que algunos analistas de Financial Times estiman en un 5% del PIB. Un extremo que podría llegar a provocar el aumento del endeudamiento del Estado hasta 87% del PIB en 2018, comprometiendo la solvencia del Gobierno.
Estas perspectivas agravan las necesidades de financiación de la economía (estimadas en $30 millardos), aumentan la dependencia del crédito exterior procedente de Rusia, la UE o el FMI y plantean el riesgo de una virtual suspensión de pagos.
Amenaza a la recuperación europea
Rusia es el tercer socio comercial de la UE, tras China y Estados Unidos, y uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural y petróleo. Aproximadamente, el 50% de esas exportaciones se dirigen a Europa.
Según The Economist, la mitad de los ingresos fiscales del Gobierno de Rusia se generan a partir de las exportaciones de gas y petróleo, y un 17% de los mismos provienen de las exportaciones de gas y petróleo a Europa.
De la misma manera, Ucrania es el tercer exportador mundial de trigo y maíz, la mitad de las cuales también se dirigen a territorio europeo.
La posibilidad de presiones inflacionarias asociadas al alza de los precios de los alimentos (trigo y maíz), unidas al temor por desabastecimiento de gas en determinados países europeos muy dependientes energéticamente, suponen unos riesgos evidentes, capaces de comprometer la tímida reactivación de la UE. Un extremo que los últimos datos de crecimiento económico han tendido a corroborar.
Por ello la UE, a pesar de haber mantenido la cohesión en su respuesta a la intervención rusa en el conflicto de Ucrania mediante sanciones limitadas y el apoyo económico y político al nuevo Gobierno ucraniano, tampoco ha mostrado un interés definitivo en tomar acciones de embargo comercial contra el sector energético de Rusia (al estilo de Irán), o ampliarlos a la industria aeroespacial u otros sectores industriales rusos muy dependientes de la tecnología europea.
Análogamente, las contramedidas adoptadas por Rusia contra las exportaciones agrícola europeas han supuesto la pérdida de un mercado de €6,6 millardos. Acciones que, si la escala de amenazas va en aumento, podrían hacerse extensivas a las importaciones de automóviles procedentes de la UE o implicar el cierre del espacio aéreo ruso.
Pero probablemente, el mejor instrumento de presión de la UE sobre Rusia sea el acceso al sector financiero. La congelación de activos, pero sobre todo la restricción al acceso a la red SWIFT –el sistema de liquidación de pagos entre bancos a nivel internacional– constituiría una acción definitiva. Pero la elevada exposición de los bancos de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Suecia en Rusia cuestiona la credibilidad de las sanciones financieras.
Necesidad de una solución consensuada
En definitiva, el elevado coste que representaría para la UE el rescate económico de Ucrania, la imposibilidad de prescindir (en el corto plazo) del gas ruso y la importante exposición financiera de la banca, pero fundamentalmente, el elevado grado de integración económica, implican un nivel de dependencia (y vulnerabilidad mutua) tan ingente que fuerzan imperiosamente una resolución conjunta y direalogada del conflicto de intereses.
Este mes de septiembre, la UE y Ucrania han ratificado el acuerdo de asociación entre ambos, pero excluyendo temporalmente el convenio de libre comercio.
Esta demora en la aplicación del acuerdo comercial (prevista inicialmente para este mes de noviembre), consensuada entre los dirigentes de Ucrania, la UE y Rusia, constituye un primer síntoma claro en esta dirección.
Si cesan los enfrentamientos militares y se desvanece la amenaza de una intervención rusa, Ucrania, la UE y Rusia podrían beneficiarse del “dividendo de la paz” derivado de la mayor confianza, el aumento previsible de la inversión y la reconstrucción del este de Ucrania.