{"id":610,"date":"2017-11-20T18:43:45","date_gmt":"2017-11-20T16:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uao.es\/derecho\/?p=610"},"modified":"2018-11-11T14:25:47","modified_gmt":"2018-11-11T12:25:47","slug":"el-tsunami-de-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uao.es\/derecho\/2017\/11\/20\/el-tsunami-de-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-i\/","title":{"rendered":"El tsunami de la nueva ley de contratos del Sector P\u00fablico I"},"content":{"rendered":"

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola define como tsunami aquella \u00abOla gigantesca producida por un maremoto o una erupci\u00f3n volc\u00e1nica en el fondo del mar\u00bb. Usando una met\u00e1fora no exenta de realismo, la nueva Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico<\/a> (en adelante LCSP), supone en el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol un impacto an\u00e1logo, sea por sus dimensiones, sea por sus consecuencias.<\/p>\n

Obs\u00e9rvese que el nuevo cuerpo legal tiene 347 art\u00edculos, 16 disposiciones finales, 53 disposiciones adicionales, que de derraman a lo largo y ancho de 294 p\u00e1ginas del BOE. La precedente normativa legal, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico del 2011<\/a> ten\u00eda 334 art\u00edculos, 36\u00a0 disposiciones adicionales, 10 Transitorias, 6 disposiciones finales y 3 anexos. Como se observa hemos aumentado (\u00a1otra vez!) la presi\u00f3n normativa sobre los ciudadanos. Como es conocido, todos nosotros leemos a diario, con gran civismo, el BOE para estar al d\u00eda de todas las novedades que nos depara la actividad legislativa estatal y auton\u00f3mica, y poder ser fieles cumplidores de nuestras obligaciones. Si trasladamos todo el documento PDF publicado en el diario oficial de la LCSP a un documento de Microsoft Word, \u00e9ste resulta que tiene la nada despreciable cifra de 172.299 palabras.<\/p>\n

La larga extensi\u00f3n de la LCSP trae causa del mismo proyecto de ley presentado por el gobierno, y por su ampliaci\u00f3n en la tramitaci\u00f3n en el Congreso de los Diputados al incorporar 975 enmiendas del total de 1081 presentadas por los Grupos Parlamentarios.<\/p>\n

Como quiera que sea, un primer comentario de urgencia, a mi juicio, debe detenerse en un fen\u00f3meno jur\u00eddico que ya ha sido detectado entre nosotros por ESTEVE PARDO. En efecto, la nueva ley profundiza en la extensi\u00f3n del derecho administrativo a sujetos privados.<\/strong> Este fen\u00f3meno no es nuevo, ni es exclusivo el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Buena parte de la doctrina viene diagnosticando que la extensi\u00f3n del derecho administrativo a entidades privadas que ni son concesionarias de las administraciones, y que tampoco tienen una relaci\u00f3n contractual con la administraci\u00f3n p\u00fablica stricto sensu<\/em>, es uno de los rasgos que definen la nueva relaci\u00f3n entre Estado y Sociedad tras la crisis del Estado Social. Este paradigma ha sido denominado como \u201cEstado Garante\u201d, y que est\u00e1 sustituyendo al tradicional Estado Prestacional [1].<\/p>\n

Entre otros ejemplos en la LCSP, encontramos una mayor regulaci\u00f3n del subcontratista y, en especial, la posibilidad de pagos directos de la administraci\u00f3n p\u00fablica a \u00e9stos (Disposici\u00f3n adicional quincuag\u00e9sima primera).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Otro ejemplo lo constituye la extensi\u00f3n de la ley a los denominados contratos subvencionados sujetos a una regulaci\u00f3n armonizada<\/em>, es decir, a aquellos contratos celebrados por una persona f\u00edsica o jur\u00eddica que no est\u00e9n incluidos en el \u00e1mbito subjetivo de la LCSP, pero que haya recibido financiaci\u00f3n de un ente sometido a la LCSP a t\u00edtulo de subvenci\u00f3n. Esta regulaci\u00f3n se encuentra en el art\u00edculo 23 en relaci\u00f3n con el art. 19.1 in fine<\/em> de la LCSP. Hay que recordar que bajo la categor\u00eda sujetos a una regulaci\u00f3n armonizada <\/em>(abreviado habitualmente como SARA)\u00a0 se alude a aquellos contratos que por raz\u00f3n de la cuant\u00eda o de la materia, est\u00e1n sujetos a una normativa comunitaria espec\u00edfica.<\/p>\n

En ese sentido, el caso m\u00e1s paradigm\u00e1tico, y que m\u00e1s ha acaparado la atenci\u00f3n en los medios de comunicaci\u00f3n, es la inclusi\u00f3n de los Partidos pol\u00edticos, organizaciones sindicales, y organizaciones empresariales y asociaciones profesionales en el \u00e1mbito de la ley. Se ha tratado de una medida para luchar contra la corrupci\u00f3n, y aumentar la transparencia en la contrataci\u00f3n de estos entes privados, destinatarios directos de una intensa actividad administrativa de fomento, a trav\u00e9s de subvenciones.<\/p>\n

Ahora bien, a mi juicio, lo cierto es que, en su redacci\u00f3n final, la aplicaci\u00f3n de la nueva norma a estas entidades va a ser muy modesta.<\/p>\n

Es cierto, como punto positivo, que el legislador ha tenido en cuenta que muchas de estas entidades, en Espa\u00f1a, operan en el tr\u00e1fico jur\u00eddico a trav\u00e9s de fundaciones y asociaciones vinculadas. Ciertamente ser\u00eda f\u00e1cil burlar los supuestos de contrataci\u00f3n sujetos a la LCSP realizando los negocios jur\u00eddicos a trav\u00e9s de estas personificaciones. Por esta raz\u00f3n, y porque estas entidades instrumentales tambi\u00e9n se benefician de subvenciones p\u00fablicas espec\u00edficas, se extiende la LCSP a las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de estas entidades.<\/p>\n

Ahora bien, esta extensi\u00f3n solo opera siempre que \u00abcumplan los requisitos para ser poder adjudicador\u00bb del art. 3.3 d) LCSP, esto es, siempre que hayan sido creadas espec\u00edficamente para satisfacer necesidades de inter\u00e9s general que no tengan car\u00e1cter industrial o mercantil, y que al mismo tiempo cumpla algunas de las condiciones siguientes: que su actividad sea financiada mayoritariamente por un poder adjudicador, o bien que \u00e9ste controle su gesti\u00f3n o nombre a m\u00e1s de la mitad de los miembros de su \u00f3rgano de administraci\u00f3n, direcci\u00f3n o vigilancia.<\/p>\n

Es necesario subrayar que de la complicada redacci\u00f3n de este art\u00edculo parece desprenderse que se excluye de la consideraci\u00f3n de poder adjudicador a los partidos pol\u00edticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Y ello porque no aparecen en la enumeraci\u00f3n de poderes adjudicadores que no son administraci\u00f3n p\u00fablica (art. 3.3 LCSP), y porque en el art. 3.4 LCSP se emplea un circunloquio para evitar calificarlos como tal. Reproduzco a continuaci\u00f3n este rodeo legal: \u00abcuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del presente art\u00edculo\u00bb.<\/p>\n

Sea como fuere, no parece que esta decisi\u00f3n contribuya a devolver la confianza de los ciudadanos.<\/p>\n

Desde el punto de vista objetivo, estas entidades privadas solo estar\u00e1n sujetas en lo que respecta a los contratos sujetos a regulaci\u00f3n armonizada, esto es, una tipolog\u00eda contractual que, por su cuant\u00eda y materia, les sea de aplicaci\u00f3n una regulaci\u00f3n espec\u00edfica derivada del derecho comunitario.<\/p>\n

El resto de contratos no se incluyen en la LCSP.<\/p>\n

[1] Cfr. ESTEVE PARDO, J. (2013): La nueva relaci\u00f3n entre Estado y sociedad. Aproximaci\u00f3n al trasfondo de la crisis<\/em>, Marcial Pons, Madrid, p\u00e1gs. 24-26.<\/p>\n

 <\/p>\n

Juan Jos\u00e9 Guardia Hern\u00e1ndez
\nProfesor adjunto de Derecho Administrativo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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