En 1974, Charles Colson ingresó en una prisión federal de Alabama, tras confesarse culpable de obstrucción a la justicia a raíz del famoso caso Watergate. El que fuera un poderoso asesor del defenestrado Presidente Nixon cumplió solo siete meses de condena, antes de salir en libertad condicional; pero fue tiempo suficiente para convertirse y descubrir su vocación: Dios le llamó a dedicar su vida a ayudar a los internos. Fue así como fundó Prison Fellowship, hoy en día la mayor organización cristiana sin ánimo de lucro dedicada a la atención integral a los presos y sus familias, y que aboga también en los últimos años por una reforma profunda del sistema penal norteamericano.
El pasado mes de junio, dicha entidad impulsó la firma de una “Justice Declaration” en la que se hace un llamamiento a todos los cristianos –y especialmente a las iglesias evangélicas– para articular una respuesta “restauradora” al problema de la delincuencia. El documento parte de un análisis certero de la situación en los Estados Unidos: la expansión incontrolada del Derecho penal (“over-criminalization”) ha llevado a la sobrepoblación penitenciaria, lo que tiene graves efectos en la vida personal y familiar de los internos, así como en las comunidades donde éstos se reintegran al ser excarcelados. Cada vez hay más conductas tipificadas como delictivas, y las sanciones se endurecen, con la prisión como castigo hegemónico del sistema. Todo ello en un contexto en el que la criminalidad ha ido cayendo en picado durante los últimos 25 años.
En cualquier caso, la declaración merece una reflexión jurídica en España, donde vivimos una paradoja similar: la tasa de población penitenciaria es superior a los países de nuestro entorno, mientras que los índices delictivos son de los más bajos de Europa. En paralelo, desde 2003 las reformas del Código han incrementado la “punitividad”: crece el número de tipos y aumentan los marcos penales, sin apostar por alternativas a la cárcel. En consecuencia, se ha triplicado el tiempo medio de estancia en prisión, un entorno que dificulta la reinserción social del interno, por cuanto no le brinda suficientes herramientas para superar el aislamiento. Por eso nos urge hacernos eco de cualesquiera iniciativas que, sobre la base de la dignidad humana y la justicia social, propongan soluciones razonables y moderadas al respecto.
En este sentido, el documento de la Prison Fellowship empieza con una idea clave: la justicia viene de Dios, y todos los seres humanos merecemos atención y cuidado por ser creados a Su imagen y semejanza. Bajo dichas premisas, una política criminal exhaustiva debería fundarse en estos cuatro principios orientadores, de los que se derivan varias líneas de actuación:
- La prevención del delito descansa en una correcta educación moral de los ciudadanos, algo que acontece principalmente en el seno de las familias. Hay que potenciar y cultivar aquellos lugares que son tierra fértil (“seedbeds”) para el crecimiento personal en la virtud: hogares, escuelas, barrios, iglesias y otras comunidades intermedias similares.
- La justicia obliga a tratar con especial cuidado a quienes manifiestan necesidades de modo específico; así, hay que promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, al empleo y a las coberturas sociales básicas, como herramienta eficaz para reducir los crímenes. Además, las víctimas requieren un apoyo integral, y los acusados un proceso con garantías.
- Los castigos estatales deben ser proporcionales al delito, teniendo en cuenta que la prisión no es la única respuesta, ni tampoco es siempre la más conveniente. En cambio, las sanciones alternativas –especialmente, las de cumplimiento en la comunidad– permiten restaurar mejor la paz social en muchos casos de gravedad escasa o intermedia: el infractor se responsabiliza de sus actos, y mediante la ejecución de su pena resarce a la víctima y a la comunidad.
- Las condiciones de vida en las cárceles tienen que estar de acuerdo con la dignidad humana de los internos, a quienes hay que proteger en ese contexto. Ello implica ofrecerles suficientes recursos personales y materiales con los que preparar su vuelta a la sociedad en disposición de respetar las normas. Al mismo tiempo, hay que apoyar al entorno familiar de los presos (sobre todo a los hijos menores), y acogerles con generosidad tras su puesta en libertad.